Miles y miles de españoles están preparando ya sus maletas y sus banderas para peregrinar a Roma convocados por la Conferencia Episcopal. Van a asistir a una beatificación multitudinaria, la de casi quinientos mártires de la guerra Civil. Murieron hace setenta años y nunca les faltó el reconocimiento oficial, ni sus familiares tardaron ese tiempo en disponer de sus restos y conocer al detalle las peripecias de su ejecución. Durante setenta años nadie tuvo que guardar silencio ni sentir temor por ser familiares de esas víctimas. Las del otro bando, sí. Muchos de los que cometieron los crímenes fueron severamente castigados en juicio sumarísimo y, junto a ellos, otros muchos sin ninguna culpa.
A estos otros mártires no les espera ninguna beatificación, a lo único que aspiran sus familiares es a que se reconozca la ilegitimidad de los tribunales que les condenaron, y a dejar de ser considerados delincuentes. La Iglesia española, a través de sus portavoces habituales, viene escandalizándose porque algunos partidos políticos de izquierda, herederos de la República, deseen, con una ley, reparar esa injusticia. Su argumento, seguido dócilmente por quienes se sintieron muy cómodos con el silencio ante los crímenes cometidos por los vencedores de la contienda, es que ya se ha producido la reconciliación y hay que dejar de hurgar en el pasado.
El argumento, si fuera tal y no una coartada, cae ahora por su propio peso. La Conferencia Episcopal Española explica que esa beatificación servirá “para que no se olvide el gran signo de esperanza que constituye el testimonio de los mártires” y aprovecha para recordar las palabras de Juan Pablo II : “La Iglesia ha vuelto de nuevo a ser Iglesia de mártires”. No será en España, en todo caso. Aquí, monseñores, la Iglesia sigue siendo la de los privilegios, la de la pompa litúrgica y la que excluye y persigue a los cristianos críticos con la burocracia episcopal. Deberían, al menos, guardar un respetuoso silencio cuando los demás, entre los que se encuentran miles de familiares de maestros, políticos, o militares cristianos, que fueron asesinados no por su fe, sino por ser maestros, políticos o militares demócratas, reclaman la recuperación de su dignidad histórica. No les he oído pedir la celebración de ningún acto solemne al que acudir -podrían hacerlo- exhibiendo las banderas cuya defensa les costó la vida. No tienen tampoco un escenario tan impresionante como el Vaticano para hacerlo. Pero sería una buena idea. Ustedes, monseñores, nos han dado el ejemplo a seguir.
EDUARDO SOTILLOS
